En España hay Guantánamos. Digámoslo. Hay cárceles en las que
encierran a personas a las que no se conoce delito, cárceles que no
cumplen ni siquiera los requisitos mínimos para ser una cárcel, cárceles
en las que los presos están hacinados en condiciones insalubres y casi
incomunicados, cárceles en las que ha habido denuncias de maltrato y
tortura, cárceles en las que los presos mueren porque no son atendidos,
cárceles en las que los reclusos viven angustiados porque nadie les
informa de su situación o futuro inmediato, cárceles que ni siquiera se
llaman cárceles: se llaman Centros de Internamiento para Extranjeros.
El
Gobierno quiere cambiarles el nombre en un anteproyecto de ley que está
preparando. Quiere llamarlos Centros de Estancia Controlada para
Extranjeros. No es de extrañar. Es el mismo Gobierno que a la
privatización la llama “externalización”. Ahora al internamiento
forzoso lo quiere llamar “estancia controlada”. Como si fuera un hotel
con cámaras. Se parece mucho más a una pensión infecta con un solo baño
para decenas de internos y la “pequeña” molestia de que no puedes entrar
y salir cuando quieras. Más bien te pueden sacar de allí cuando menos
te lo esperas, meterte en un avión y mandarte para casa sin posibilidad
siquiera de avisar a tu gente en España. Y el nuevo anteproyecto lo va a
hacer aún más fácil.
Igualito el spa al que
van Aznar y Botella, vamos. Pues que vayan ellos que parece que tienen
más muertos por los que responder que todos los internos juntos. La
única condición para disfrutar de una estancia controlada en uno de
estos balnearios es no tener papeles. No es delito pero lo pagan como si
lo fuera. El Guantánamo español es como el estadounidense, muchos
reclusos no han pasado por ningún juicio ni son culpables de nada. Son
sospechosos. Por ser
inmigrantes pobres. Su color de piel y su aspecto les delata. Les hace
presa fácil de las redadas policiales de las que se nutren los centros
de internamiento. En Estados Unidos te cogen si pareces un enemigo de
Occidente. Aquí, si no pareces occidental.
Eres
ilegal y por eso no hay legalidad que valga contigo. Es paradójico que
llame “ilegal” a un ser humano, la misma Administración que mantiene una
cárcel que vulnera la legalidad a cada instante. Es paradójico que
llamen “sin papeles” a personas los mismos que mantienen una prisión que
no tendría los papeles en regla ante cualquier inspección sanitaria o
humanitaria. No sólo las organizaciones de defensa de los derechos
humanos, también la Fiscalía General y los juzgados han denunciado “la
preocupante sensación de inseguridad” o el “palmario hacinamiento” en
algunos centros, “las habitaciones inapropiadas”, las “estancias sin
cuarto de
aseo” y la falta de “una habitación de enfermería donde los internos
enfermos puedan ser aislados de los sanos”.
Enfermos
y sanos para el Gobierno actual sus vidas no valen nada. Son sin
papeles. No son. Así lo decretó el Gobierno en septiembre. Les negó la
asistencia sanitaria. Les negó la vida. El Gobierno vasco se negó a
acatarlo y el Gobierno español les llevó ante el Tribunal
Constitucional. El TC dijo ayer que los vascos tienen razón. O sea que
el Gobierno de España es anticonstitucional. Lo vemos cada día en la
Justicia, la Sanidad, la Educación, las pensiones. El Gobierno legisla
contra la Constitución de todos. Incluso contra los que no son nada. No
sólo este Ejecutivo, también los anteriores que llevan más de una década
permitiendo la flagrante anomalía legal que son los Centros de
Internamiento. También los europeos que tienen regímenes de privación de
libertad similares para los “sin
papeles”.
A este Gobierno les gustaría
llamarles “los sin vida”. Si no se van, que se mueran. Pues algunos se
les mueren en sus manos. Hoy 19 de diciembre se cumple un año de la
muerte de Samba Martine, congoleña de 33 años que falleció en el CIE de
Aluche, en Madrid, donde pasó 40 días con fuertes dolores pero sin ser
atendida más que con analgésicos. Era portadora del VIH y una infección
que nadie supo ni quiso atender, acabó por devastar su débil sistema
inmunológico. En más de 4 semanas visitó hasta 10 veces la enfermería
pero ni los servicios médicos ni el personal del centro le dieron
importancia. Probablemente tampoco consiguieron entenderla. Sólo en una
ocasión hubo un intérprete que tradujese sus quejidos. Cuando por fin la
hospitalizaron, su cuerpo apenas aguantó seis horas más. Si no es un
crimen del Estado, sí es un crimen por culpa del Estado. Murió si no “a
manos” del Estado, sí
“en sus manos”.
Pero el Estado se las lava. Un
año después de que dejaran morir a Samba, no se hace responsable de su
muerte. Pero lo es, aunque esconda sus cadáveres y sus culpas. El Estado
no puede permitir que se mueran las personas a su cargo. Todos hemos
visto el nerviosismo de los poderes públicos cuando un preso conocido se
pone en huelga de hambre. Tienen pavor a que se les muera en las manos
porque son prisioneros mediáticos. Pero a Samba Martine no la conocíamos
la mayoría de nosotros. Ni al guineano que murió en el CIE de Barcelona
un mes más tarde porque no llegaron las asistencias. Otro gran número
desconoce la existencia de los Centros de Internamiento para
Extranjeros. Aunque muchas organizaciones llevan años denunciándolos, el
Estado ha hecho bien su trabajo de ocultación. El nuestro es mostrarlo.
Los Centros de Internamiento también son el #currículumdetodos.
Samba
dejó una hija de nueve años. Ahora tendrá diez. Se llama Bijoux. En
francés, significa “joyas”. También “bisutería”. Para su madre, Bijoux
era sin duda lo primero. Para el Estado español la vida de Samba vale
menos que lo segundo. Su muerte no ha valido para nada. La prisión donde
murió sigue abierta. Y la herida.
El diario. Zona crítica.
Las grandes áreas comerciales de alimentación se justifican en normas o leyes para tirar impunemente los alimentos, (el 60% en buen estado) Nuestros políticos siguen beneficiando a los fuertes y castigando a los débiles, leyes de desahucios, despilfarro de alimentos pero no se hacen leyes para acabar con el hambre. 
El partido SAIn continuará apoyando, colaborando, denunciando las causas del hambre. Porque es un crimen político y TIENE SOLUCIÓN. 
El Valedor también se declara partidario de instaurar la dación en
pago y pide que las Administraciones públicas faciliten viviendas de
alquiler a las familias que se hayan quedado en la calle, una medida
que, en el caso de Galicia, ya ha anunciado el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo. “Sería inadmisible”, concluye, “la existencia de
un amplísimo parque de viviendas vacías unida a la lacerante realidad de
familias sin una vivienda digna y adecuada”.
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