Interesante reflexionar sobre esta situación de empresas españolas, gallegas, que basan su negocio en la explotación de la pesca en Namibia. ¿Qué pasaría si fueran empresas de Namibia las que estuvieran explotando la pesca en nuestros caladeros?, por ejemplo.
Namibia es desde hace décadas
uno de los principales caladeros donde pesca la flota
pesquera gallega.
Lo es desde antes incluso de su independencia de Sudáfrica, en 1990, un
cambio de fronteras que obligó a armadores y autoridades españolas a
renegociar sus condiciones del negocio. Pero lo que no pudo la política
lo amenaza ahora la minería, con un proyecto de extracción submarina de
fosfato que es todo un peligro para los 40 barcos de capital gallego que
operan en sus aguas.
Más de 5.000 empleos y 50.000 toneladas anuales de pescado dependen de la decisión que adopte el Gobierno namibio, sacudido por la tensión entre partidarios y detractores del plan minero.
Namibia es la segunda mayor reserva pesquera gallega. Grupos como
Iberconsa, Pescanova, Pereira, Mascato y
Copemar
mantienen en el país una estructura consolidada, que combina la flota
con las plantas de transformación. Serían las grandes perjudicadas de
prosperar las intenciones de la Namibian Marine Phosphate (NMP), creada
por el millonario omaní
Mohammed Al Barwani (85%) y el namibio
Knowledge Katti (15%), al que la prensa del país relaciona con el propio presidente del Gobierno,
Hage Geingob.
Su ejecutivo le concedió en 2011 una licencia controvertida y ya
expirada, que cuenta con el rechazo no solo de los armadores con buques
que operan en la zona, sino también de los ecologistas. Geingob se
enfrenta actualmente a algunos de sus ministros en su intento de
reactivar el permiso.
El de la
certificación ambiental no es el único frente, también las pesqueras
gallegas han pedido la anulación de la licencia de 2011 por la vía
judicial
NMP ha apelado a la instancia judicial para forzar
al Ejecutivo namibio a concederle el certificado ambiental, retirado en
junio del pasado año por el ministro de Medio Ambiente,
Pohamba Shifeta.
Shifeta puso en duda “la independencia de los informes científicos” que
avalaban el proyecto y apeló a que la ley le obliga a “cuidar del medio
ambiente de forma imperativa”. Según la prensa del país africano,
Geingob se ha dirigido por carta a Shifeta y a los titulares de Pesca y
Minas, también implicados en la tramitación de los permisos, para
reclamarles una “solución inmediata”. Para el periódico 'The Namibian',
es u
na forma de presión para activar el negocio de “un amigo del presidente”.
El
de la certificación ambiental no es el único frente en el que tiene que
combatir la compañía minera. También las pesqueras gallegas han pedido
la anulación de la licencia de 2011 por la vía judicial, un proceso que
desembocará en el
juicio previsto para el mes de septiembre.
La Namibian Marine Phosphate (NMP) ha acudido igualmente a los juzgados
para tratar de forzar una aprobación de la autorización ambiental
pendiente. Se trata según la prensa local de una demanda presentada ante
el
Tribunal Superior de Windhoek contra el ministro
Shifeta, el comisario ambiental y el comisario ambiental adjunto. La
empresa sostiene que las autoridades no han dado respuesta a sus
solicitudes de obtención del certificado que se les exige.
La pesca, directamente afectada
Existe
un amplio consenso sobre la negativa repercusión que tendría la
actividad minera en los fondos de las aguas namibias, que afectará de
forma directa a la pesca. El proyecto de NMP tiene
un horizonte de 20 años y se ejecutaría en un área de 2.233 kilómetros cuadrados ubicada
a 120 kilómetros del puerto de Walvis Bay, en aguas de un fértil
caladero. Las empresas de capital gallego apelan a informes científicos,
que avalan la afección a la reproducción de las especies más
comerciales, debido al movimiento de los sedimentos marinos. Su
actividad requiere el dragado de ingentes cantidades de sedimentos del
fondo, que se llevan a la superficie. De su conservación dependen los
nutrientes que alimentan a las especies pesqueras más comerciales. El
socio de NMP Knowledge Katti contraatacó a las críticas con el argumento
de que la pesca es mucho más agresiva que los dragados marinos.
Las reservas mundiales de fosfato se concentran en cinco países:
China, Estados Unidos, Marruecos, Jordania y
Sudáfrica, aunque en los últimos años existen proyectos en muchos otros, todos ellos polémicos. Es el caso de
Nueva Zelanda,
donde se prohibió la extracción, pero también de Papúa Nueva Guinea y
México, además de Namibia. La minería submarina de arena fosfática es
un suculento negocio al
servir de abastecimiento para la producción de fertilizantes. En
Sudáfrica, el Gobierno concedió en 2018 tres licencias de exploración
para este mineral en un área de 150.000 kilómetros cuadrados, lo que
generó un conflicto interno en su Gobierno no muy distinto del que ahora
se vive en el país vecino.
Un proyecto 10 años bloqueado
A
la espera de lo que decidan los juzgados, el enfrentamiento entre el
presidente de Namibia y sus ministros adquiere dimensiones de auténtica
crisis. Según 'The Namibian', el presidente Geingob se sumó a la presión
que ejerce la minera en los juzgados con una carta en la que “exhorta”
al ministro Shifeta “a que se ponga en contacto con los ministros de
Pesca y Minas”, con el objetivo de “poner sobre la mesa las dudas que
emanan de sus sectores y encontrar una
solución inmediata”.
El escrito del presidente, sostiene el periódico, es consecuencia de
una misiva del multimillonario Al Barwani en la que expresa sus
quejas por el bloqueo del proyecto, con lo que acusa a Geingob de ejercer presión sobre sus ministros en nombre de la empresa y a través de su “amigo personal”
Knowledge Katti.
El presidente del país explica a los ministros que los inversores se
sienten “frustrados por los procesos prolongados y la indecisión” y
considera “desalentador” que, 10 años después de haberse iniciado el
proyecto, aún no se haya decidido si el certificado “sigue siendo válido
o no”.
Además del conflicto minero, la flota gallega también tiene que hacer frente en Namibia a un
nuevo reparto de cuotas que
amenaza las condiciones en las que operan sus barcos. La asignación de
derechos de pesca se sigue retrasando, a pesar de las continuas promesas
del Gobierno de adoptar una decisión inminente.
Tradicionalmente se nos viene repitiendo que las elecciones son la
fiesta de la democracia. Si así fuera, este año sería de fiesta total
puesto que en muchos lugares vamos a celebrar hasta cuatro elecciones:
municipales, autonómicas y europeas -que tocaban-, más la convocatoria
extra de elecciones generales.
