Las recientes declaraciones del ministro del Interior poniendo de relieve que la policía seguirá persiguiendo a ETA y, no digamos ya, las del ministro de Justicia anunciando que seguirán los procesos abiertos contra miembros de la banda, ponen de relieve, al solemnizar lo obvio como si no estuviera claro para todos, un reflejo más que preocupante, pues nos colocan de inmediato sobre la pista del increíble proceso en el que podríamos entrar, de buenas a primeras, tras el anuncio de los encapuchados.
El reflejo es alarmante, en primer lugar, porque, aunque ETA ha anunciado que deja la violencia, de su comunicado, tan fanático como vomitivo, se deduce con claridad lo que, por otra parte, sospechan las policías francesa y española: que ETA no piensa en disolverse ni en entregar las armas que le permitirían, llegado el caso, volver a las andadas.
Pero el reflejo es alarmante, sobre todo, porque aún en el supuesto de que ETA hubiera anunciado su disolución y la entrega de las armas, eso no podría eximir a nuestras autoridades policiales y judiciales de cumplir con su deber: detener a todos los miembros de la banda que tengan causas pendientes en España, juzgarlos y encarcelarlos si resultan condenados.
Es posible, e incluso probable, que si ETA hubiera dejado de matar cuando era capaz de asesinar a más de medio centenar de personas en un año (¡66 en 1978, 76 en 1979, 92 en 1980!) la cuestión de sus penados -que, tras la amnistía total con la que culminó la transición, eran entonces muchos menos- hubiera sido objeto de algún acuerdo de eso que, cínicamente, se ha llamado paz por presos.
Pero tras una rendición que no ha sido más que fruto del acoso policial y judicial y de la incapacidad de ETA para seguir matando y estar al tiempo presente en las instituciones (¡bendita ley de partidos!), a nadie debería pasársele por la cabeza que los presos de ETA vayan a obtener un trato diferente -y mejor- que aquel al que tienen derecho los demás penados que cumplen condena en nuestras cárceles, ni que sus miembros con causas pendientes vayan a ser tratados de forma distinta a cualquier delincuente perseguido por la ley.
Por eso, ETA, que, como me decía un gran amigo, es hoy sobre todo una «asociación de presos», no solo no puede pretender que llegue a concretarse ese delirio de que los Gobiernos español y francés discutan con los pistoleros el futuro del País Vasco -lo que suena a monumental majadería-, sino tampoco un acuerdo sobre los presos que hoy cumplen condena por sus crímenes. A ETA solo le queda ya pasar por caja: pero no para cobrar, sino para pagar.
La sociedad española -y, de forma muy especial, las víctimas de la banda terrorista- han sufrido una inmensidad por no ceder a su chantaje y han dado, digámoslo con toda claridad, un verdadero ejemplo al mundo: el de un país que ha sido capaz de resistir frente a grupo de asesinos durante casi medio siglo. Por eso, constatado el inmenso error de los que decían que no sería posible vencer a ETA sin hacerle concesiones, debemos estar prevenidos frente a los que vendrán ahora, tras su derrota, con la misma cantinela. Pues, que nadie lo dude, estos serán los mismos que aquellos y estarán ahora tan errados como entonces.
Roberto Blanco Valdés en La Voz de Galicia del domingo 23 de octubre de 2011
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