Para la reflexión.

Interesante reflexionar sobre esta situación de empresas españolas,  gallegas, que basan su negocio en la explotación de la pesca en Namibia. ¿Qué pasaría si fueran empresas de Namibia las que estuvieran explotando la pesca en nuestros caladeros?, por ejemplo.

El efecto mariposa: una mina en Namibia amenaza 5.000 empleos en Galicia

La justicia del país africano decidirá sobre las prospecciones de fosfato en alta mar, que ponen en peligro la actividad de 40 barcos de capital gallego.

Pablo López. Vigo El Confidencial.

Tiempo de lectura5 min

26/08/2019

Namibia es desde hace décadas uno de los principales caladeros donde pesca la flota pesquera gallega. Lo es desde antes incluso de su independencia de Sudáfrica, en 1990, un cambio de fronteras que obligó a armadores y autoridades españolas a renegociar sus condiciones del negocio. Pero lo que no pudo la política lo amenaza ahora la minería, con un proyecto de extracción submarina de fosfato que es todo un peligro para los 40 barcos de capital gallego que operan en sus aguas. Más de 5.000 empleos y 50.000 toneladas anuales de pescado dependen de la decisión que adopte el Gobierno namibio, sacudido por la tensión entre partidarios y detractores del plan minero.
Namibia es la segunda mayor reserva pesquera gallega. Grupos como Iberconsa, Pescanova, Pereira, Mascato y Copemar mantienen en el país una estructura consolidada, que combina la flota con las plantas de transformación. Serían las grandes perjudicadas de prosperar las intenciones de la Namibian Marine Phosphate (NMP), creada por el millonario omaní Mohammed Al Barwani (85%) y el namibio Knowledge Katti (15%), al que la prensa del país relaciona con el propio presidente del Gobierno, Hage Geingob. Su ejecutivo le concedió en 2011 una licencia controvertida y ya expirada, que cuenta con el rechazo no solo de los armadores con buques que operan en la zona, sino también de los ecologistas. Geingob se enfrenta actualmente a algunos de sus ministros en su intento de reactivar el permiso.
El de la certificación ambiental no es el único frente, también las pesqueras gallegas han pedido la anulación de la licencia de 2011 por la vía judicial
NMP ha apelado a la instancia judicial para forzar al Ejecutivo namibio a concederle el certificado ambiental, retirado en junio del pasado año por el ministro de Medio Ambiente, Pohamba Shifeta. Shifeta puso en duda “la independencia de los informes científicos” que avalaban el proyecto y apeló a que la ley le obliga a “cuidar del medio ambiente de forma imperativa”. Según la prensa del país africano, Geingob se ha dirigido por carta a Shifeta y a los titulares de Pesca y Minas, también implicados en la tramitación de los permisos, para reclamarles una “solución inmediata”. Para el periódico 'The Namibian', es una forma de presión para activar el negocio de “un amigo del presidente”.
El de la certificación ambiental no es el único frente en el que tiene que combatir la compañía minera. También las pesqueras gallegas han pedido la anulación de la licencia de 2011 por la vía judicial, un proceso que desembocará en el juicio previsto para el mes de septiembre. La Namibian Marine Phosphate (NMP) ha acudido igualmente a los juzgados para tratar de forzar una aprobación de la autorización ambiental pendiente. Se trata según la prensa local de una demanda presentada ante el Tribunal Superior de Windhoek contra el ministro Shifeta, el comisario ambiental y el comisario ambiental adjunto. La empresa sostiene que las autoridades no han dado respuesta a sus solicitudes de obtención del certificado que se les exige.

La pesca, directamente afectada

Existe un amplio consenso sobre la negativa repercusión que tendría la actividad minera en los fondos de las aguas namibias, que afectará de forma directa a la pesca. El proyecto de NMP tiene un horizonte de 20 años y se ejecutaría en un área de 2.233 kilómetros cuadrados ubicada a 120 kilómetros del puerto de Walvis Bay, en aguas de un fértil caladero. Las empresas de capital gallego apelan a informes científicos, que avalan la afección a la reproducción de las especies más comerciales, debido al movimiento de los sedimentos marinos. Su actividad requiere el dragado de ingentes cantidades de sedimentos del fondo, que se llevan a la superficie. De su conservación dependen los nutrientes que alimentan a las especies pesqueras más comerciales. El socio de NMP Knowledge Katti contraatacó a las críticas con el argumento de que la pesca es mucho más agresiva que los dragados marinos.

Las reservas mundiales de fosfato se concentran en cinco países: China, Estados Unidos, Marruecos, Jordania y Sudáfrica, aunque en los últimos años existen proyectos en muchos otros, todos ellos polémicos. Es el caso de Nueva Zelanda, donde se prohibió la extracción, pero también de Papúa Nueva Guinea y México, además de Namibia. La minería submarina de arena fosfática es un suculento negocio al servir de abastecimiento para la producción de fertilizantes. En Sudáfrica, el Gobierno concedió en 2018 tres licencias de exploración para este mineral en un área de 150.000 kilómetros cuadrados, lo que generó un conflicto interno en su Gobierno no muy distinto del que ahora se vive en el país vecino.

Un proyecto 10 años bloqueado

A la espera de lo que decidan los juzgados, el enfrentamiento entre el presidente de Namibia y sus ministros adquiere dimensiones de auténtica crisis. Según 'The Namibian', el presidente Geingob se sumó a la presión que ejerce la minera en los juzgados con una carta en la que “exhorta” al ministro Shifeta “a que se ponga en contacto con los ministros de Pesca y Minas”, con el objetivo de “poner sobre la mesa las dudas que emanan de sus sectores y encontrar una solución inmediata”. El escrito del presidente, sostiene el periódico, es consecuencia de una misiva del multimillonario Al Barwani en la que expresa sus quejas por el bloqueo del proyecto, con lo que acusa a Geingob de ejercer presión sobre sus ministros en nombre de la empresa y a través de su “amigo personal” Knowledge Katti. El presidente del país explica a los ministros que los inversores se sienten “frustrados por los procesos prolongados y la indecisión” y considera “desalentador” que, 10 años después de haberse iniciado el proyecto, aún no se haya decidido si el certificado “sigue siendo válido o no”.
Además del conflicto minero, la flota gallega también tiene que hacer frente en Namibia a un nuevo reparto de cuotas que amenaza las condiciones en las que operan sus barcos. La asignación de derechos de pesca se sigue retrasando, a pesar de las continuas promesas del Gobierno de adoptar una decisión inminente.