Se celebró el domingo pasado una marcha por distintas casas de juegos en Santiago.
De esta manera se une a marchas o manifestaciones que se vienen celebrando, en otras ciudades de España, desde hace tiempo contra este tipo de negocios que meten a jovenes y no tan jóvenes en adicciones dañinas.
Ante a recente comunicación sobre a
realización dunhas “Xornadas sobre Traballo Sexual” na Universidade que vostede
dirixe, o Partido Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) de
Galicia, quere amosar o seu rexeitamento a ditas Xornadas.
Desde o SAIn consideramos a prostitución
como un acto de violencia e contra a dignidade das persoas, que en ningún caso
pode ser considerado un traballo. Consideramos, ademáis, que a UDC ten a obriga
de coñecer que, no caso de España, esta violencia estase a exercer na súa
grande maioría sobre mulleres inmigrantes empobrecidas, e que nunha enorme
porcentaxe son vítimas de trata.
A posible existencia dun grupo
minoritario de mulleres que afirmen exercer de maneira voluntaria a actividade da
prostitución, non elimina a violencia inherente á mesma, e supón un inaceptable
paso atrás na urxente eliminación desta agresión ás persoas, que está cobrando centos
de miles miles de vítimas en todo o mundo, nun negocio que aproveita as
desigualdades económicas a nivel mundial para violentar as persoas mediante a
coerción física ou económica.
Asimesmo, non consideramos aceptable o
comunicado da UDC no que se argumenta que “O debate entre regulacionistas e
abolicionistas da prostitución está aberto na sociedade e no propio movemento
feminista. É lóxico e ademais desexable que este debate chegue á universidade.”
Por una banda, ese debate non vai
existir, dado o posicionamento das Xornadas e as persoas e institucións que
participan, a favor da regulación e consideración da prostitución como un “traballo”.
Por outra, nunha cuestión na que se
están vulnerando de xeito permanente e salvaxe os Dereitos Humanos, como neste
caso, a Universidade non debe colaborar á lexitimación da prostitución amparando
un discurso que colabora a manter a violencia e os ataques á dignidade humana.
Se fue agosto, un
mes en el que Galicia marcó las segundas temperaturas más bajas del país
en lo climatológico, al tiempo que caldeó la estadística de desempleo
en lo laboral. El número de parados registrados en las oficinas gallegas
del antiguo Inem subió en casi 3.000 personas, 2.899 para ser exactos,
en relación con julio. Este incremento del 1,92% resulta ligeramente
superior a la media estatal (1,18%) y, tal como alertaron ayer los
sindicatos, constituye el mayor aumento del paro registrado en Galicia
en agosto desde 2008, el año del inicio de la crisis económica. (La opinión)
Hacienda saca a la luz 152 ricos más en Galicia en solo un año. (Redacción / La Voz
04/09/2019 14:06 h)
Galicia exhibe músculo. Ocupa la segunda plaza de la
clasificación con un patrimonio medio de 5,2 millones, a pesar de que el
número de contribuyentes por este impuesto es menor. La razón es que
los más ricos de España tienen su domicilio precisamente en la comunidad
gallega. Se trata del fundador de Inditex, Amancio Ortega, y su
familia.
Un total de 181.890 euros. Ese era el precio
medio de un piso de 90 metros cuadrados en Santiago antes de que
estallara la crisis. Once años después, se queda en únicamente en
143.010 euros, lo que supone 38.880 euros menos. Así se colige del valor
tasado medio del metro cuadrado, que se redujo un 21,3 % desde el 2008,
pasando de los 2.021 euros a los 1.589 registrados en el primer
trimestre del 2019, según los datos de Fomento.
Pese al
descenso, Santiago continúa siendo la segunda ciudad más cara de Galicia
a la hora de comprarse una vivienda, solo por detrás de A Coruña, donde
el valor tasado medio del metro cuadrado se sitúa en 1.622 euros. El
tercer puesto es para Vigo, con 1.453 euros. Tanto en la ciudad
herculina como en la olívica, los precios del mercado inmobiliario se
resintieron mucho más que en Santiago. En A Coruña el valor medio bajó
un 27,8 % -625 euros- con respecto a antes de la crisis, y en Vigo, un
40 % -971 euros-. Pero, sin lugar a dudas, es Lugo la ciudad que
experimentó una mayor reducción porcentual del coste del metro cuadrado
de una vivienda libre, ya que ahora hay que desembolsar 540 euros menos
que en el 2008, lo que supone una caída del 64,2 % hasta situarse en 840
euros. Por su parte, son los ourensanos los que tienen que abonar
precios más similares a los de hace once años, ya que únicamente se
redujo un 13 % y quedó en 1.226 euros.
Por otra parte, si antes de la crisis en
todos los municipios gallegos mayores de 25.000 habitantes recogidos en
el estudio del Ministerio de Fomento el precio del metro cuadrado se
situaba por encima de los 1.000 euros, en la actualidad solo Santiago, A
Coruña, Culleredo, Oleiros, Ourense, Pontevedra y Vigo superan esa
cifra. De los ayuntamientos analizados en el informe, la vivienda más
económica está en Ferrol, donde en este primer trimestre se situaba en
692 euros, menos de la mitad que en Santiago.
Por otra parte,
respecto a hace cinco años, también se redujo la cantidad que hay que
desembolsar por adquirir un inmueble en Santiago. En el primer trimestre
del 2014, el valor medio del metro cuadrado era 42 euros más caro que
en la actualidad. Sin embargo, aquí la tendencia es diferente entre las
ciudades gallegas. En Vigo, Ferrol y Lugo también hay que abonar un
precio inferior que hace un lustro, mientras que en A Coruña, Ourense y
Pontevedra los valores aumentaron.
Encarecimiento paulatino.
Pero
aunque comprarse un piso libre en Santiago sea ahora más barato, como
media, que en el 2008 y en el 2014, la tendencia de precios es al alza.
Así lo refleja el valor medio tasado del Ministerio de Fomento tomando
como referencia el primer trimestre de cada uno de los ejercicios. Los
1.589 euros por metro cuadrado del 2019 suponen 13 euros más que en el
2015 y 71 euros más que en el 2017. Mayor diferencia hay respecto al
inicio del pasado ejercicio, puesto que ahora son 92 euros más. También
hay un incremento medio de 39 euros respecto al último trimestre del
2018.
En los tres primeros meses del ejercicio, el
Ministerio de Fomento contabilizó 145 tasaciones, la práctica totalidad
de viviendas superiores a los cinco años de antigüedad. Solo doce de los
inmuebles tenían menos de un lustro.
Interesante reflexionar sobre esta situación de empresas españolas, gallegas, que basan su negocio en la explotación de la pesca en Namibia. ¿Qué pasaría si fueran empresas de Namibia las que estuvieran explotando la pesca en nuestros caladeros?, por ejemplo.
El efecto mariposa: una mina en Namibia amenaza 5.000 empleos en Galicia
La
justicia del país africano decidirá sobre las prospecciones de fosfato
en alta mar, que ponen en peligro la actividad de 40 barcos de capital
gallego.
Namibia es desde hace décadas uno de los principales caladeros donde pesca la flota pesquera gallega.
Lo es desde antes incluso de su independencia de Sudáfrica, en 1990, un
cambio de fronteras que obligó a armadores y autoridades españolas a
renegociar sus condiciones del negocio. Pero lo que no pudo la política
lo amenaza ahora la minería, con un proyecto de extracción submarina de
fosfato que es todo un peligro para los 40 barcos de capital gallego que
operan en sus aguas. Más de 5.000 empleos y 50.000 toneladas anuales de pescado dependen de la decisión que adopte el Gobierno namibio, sacudido por la tensión entre partidarios y detractores del plan minero. Namibia es la segunda mayor reserva pesquera gallega. Grupos comoIberconsa, Pescanova, Pereira, Mascato y Copemar
mantienen en el país una estructura consolidada, que combina la flota
con las plantas de transformación. Serían las grandes perjudicadas de
prosperar las intenciones de la Namibian Marine Phosphate (NMP), creada
por el millonario omaní Mohammed Al Barwani (85%) y el namibio Knowledge Katti (15%), al que la prensa del país relaciona con el propio presidente del Gobierno, Hage Geingob.
Su ejecutivo le concedió en 2011 una licencia controvertida y ya
expirada, que cuenta con el rechazo no solo de los armadores con buques
que operan en la zona, sino también de los ecologistas. Geingob se
enfrenta actualmente a algunos de sus ministros en su intento de
reactivar el permiso. El de la
certificación ambiental no es el único frente, también las pesqueras
gallegas han pedido la anulación de la licencia de 2011 por la vía
judicial
NMP ha apelado a la instancia judicial para forzar
al Ejecutivo namibio a concederle el certificado ambiental, retirado en
junio del pasado año por el ministro de Medio Ambiente, Pohamba Shifeta.
Shifeta puso en duda “la independencia de los informes científicos” que
avalaban el proyecto y apeló a que la ley le obliga a “cuidar del medio
ambiente de forma imperativa”. Según la prensa del país africano,
Geingob se ha dirigido por carta a Shifeta y a los titulares de Pesca y
Minas, también implicados en la tramitación de los permisos, para
reclamarles una “solución inmediata”. Para el periódico 'The Namibian',
es una forma de presión para activar el negocio de “un amigo del presidente”.
El
de la certificación ambiental no es el único frente en el que tiene que
combatir la compañía minera. También las pesqueras gallegas han pedido
la anulación de la licencia de 2011 por la vía judicial, un proceso que
desembocará en el juicio previsto para el mes de septiembre.
La Namibian Marine Phosphate (NMP) ha acudido igualmente a los juzgados
para tratar de forzar una aprobación de la autorización ambiental
pendiente. Se trata según la prensa local de una demanda presentada ante
el Tribunal Superior de Windhoek contra el ministro
Shifeta, el comisario ambiental y el comisario ambiental adjunto. La
empresa sostiene que las autoridades no han dado respuesta a sus
solicitudes de obtención del certificado que se les exige.
La pesca, directamente afectada
Existe
un amplio consenso sobre la negativa repercusión que tendría la
actividad minera en los fondos de las aguas namibias, que afectará de
forma directa a la pesca. El proyecto de NMP tiene un horizonte de 20 años y se ejecutaría en un área de 2.233 kilómetros cuadrados ubicada
a 120 kilómetros del puerto de Walvis Bay, en aguas de un fértil
caladero. Las empresas de capital gallego apelan a informes científicos,
que avalan la afección a la reproducción de las especies más
comerciales, debido al movimiento de los sedimentos marinos. Su
actividad requiere el dragado de ingentes cantidades de sedimentos del
fondo, que se llevan a la superficie. De su conservación dependen los
nutrientes que alimentan a las especies pesqueras más comerciales. El
socio de NMP Knowledge Katti contraatacó a las críticas con el argumento
de que la pesca es mucho más agresiva que los dragados marinos.
Las reservas mundiales de fosfato se concentran en cinco países: China, Estados Unidos, Marruecos, Jordania y Sudáfrica, aunque en los últimos años existen proyectos en muchos otros, todos ellos polémicos. Es el caso de Nueva Zelanda,
donde se prohibió la extracción, pero también de Papúa Nueva Guinea y
México, además de Namibia. La minería submarina de arena fosfática es un suculento negocio al
servir de abastecimiento para la producción de fertilizantes. En
Sudáfrica, el Gobierno concedió en 2018 tres licencias de exploración
para este mineral en un área de 150.000 kilómetros cuadrados, lo que
generó un conflicto interno en su Gobierno no muy distinto del que ahora
se vive en el país vecino.
Un proyecto 10 años bloqueado
A
la espera de lo que decidan los juzgados, el enfrentamiento entre el
presidente de Namibia y sus ministros adquiere dimensiones de auténtica
crisis. Según 'The Namibian', el presidente Geingob se sumó a la presión
que ejerce la minera en los juzgados con una carta en la que “exhorta”
al ministro Shifeta “a que se ponga en contacto con los ministros de
Pesca y Minas”, con el objetivo de “poner sobre la mesa las dudas que
emanan de sus sectores y encontrar una solución inmediata”.
El escrito del presidente, sostiene el periódico, es consecuencia de
una misiva del multimillonario Al Barwani en la que expresa sus quejas por el bloqueo del proyecto, con lo que acusa a Geingob de ejercer presión sobre sus ministros en nombre de la empresa y a través de su “amigo personal” Knowledge Katti.
El presidente del país explica a los ministros que los inversores se
sienten “frustrados por los procesos prolongados y la indecisión” y
considera “desalentador” que, 10 años después de haberse iniciado el
proyecto, aún no se haya decidido si el certificado “sigue siendo válido
o no”. Además del conflicto minero, la flota gallega también tiene que hacer frente en Namibia a un nuevo reparto de cuotas que
amenaza las condiciones en las que operan sus barcos. La asignación de
derechos de pesca se sigue retrasando, a pesar de las continuas promesas
del Gobierno de adoptar una decisión inminente.
Nunca en la historia hubo tanta gente
trabajando en España. A pesar de que los últimos datos alertan de la
ralentización del mercado laboral, los más de 19,5 millones de afiliados a la Seguridad Social en julio suponen un nuevo récord de ocupación.
En Galicia, aunque todavía no se ha recuperado todo el empleo destruido
en la crisis, en los últimos cinco años se han creado más de 136.000
nuevos puestos de trabajo, suturando parcialmente las heridas de la
recesión.
Pero por mucho que mejore la economía, el avance sirve apenas para maquillar los efectos que el invierno demográfico provoca en la comunidad,
donde solo 119 de los 313 ayuntamientos tienen más trabajadores
afiliados a la Seguridad Social que pensionistas y parados. O, dicho de
otra manera, en seis de cada diez localidades hay menos cotizantes que
personas cuyos ingresos dependen de las aportaciones de los primeros al
erario.
A
los datos, como siempre, se les puede buscar la lectura positiva. Y es
que la situación ha mejorado en los últimos años. Basta comparar la
situación con la del 2015, cuando se empezaba a salir de la
crisis y la relación entre ocupados y jubilados y desempleados solo era
positiva en 70 municipios, medio centenar menos que ahora.
Pero, en lo sustancial, el mapa no ha cambiado mucho, como se puede
apreciar en el gráfico que acompaña esta información y que muestra que
la práctica totalidad de la provincia de Ourense (donde solo 7 de los 92
concellos presentan ratios positivas), una buena parte de la de Lugo y
el interior de las de Pontevedra y A Coruña presentan altas tasas de
dependencia económica. Tan elevadas que hasta el Servicio Público de
Empleo, en sus informes sobre el mercado de trabajo en Lugo y Ourense,
apunta a que ambos territorios tienen «un problema muy serio con la
pérdida y el grado de envejecimiento de su población».
Llega
incluso a advertir que «si la progresión sigue así, la viabilidad de
sistemas implantados en la actualidad [...] como las pensiones puede
verse afectada». Quizás una frase alarmista en exceso, ya que el pago de
las prestaciones está blindado por el sistema de caja única por el que
se rige la Seguridad Social, que garantiza la solidaridad
interterritorial y que las comunidades donde los ingresos superan los
gastos compensen los déficits de aquellas donde no se llega al
equilibrio. Entre ellas, Galicia (donde, si se sacan de la ecuación las
cifras de desempleados, tan solo quince concellos presentan una ratio
superior a los dos cotizantes por pensionista -la media en España está
en los 2,3, aunque lo óptimo se considera a partir de 3-).
A falta de los datos del cierre definitivo del ejercicio
2018, las cuentas de la Seguridad Social muestran que en la comunidad
los ingresos por cotizaciones apenas cubren dos terceras partes de la
nómina de las pensiones, que crece a un ritmo mucho mayor que las
aportaciones de los trabajadores, ya que la creación de empleo en los
últimos años no se ve acompañada de una subida generalizada, y generosa,
de los salarios. Esto limita la recaudación, que apenas llega a los
5.280 millones de euros, frente a los casi 8.300 que se van en el pago
de prestaciones. Para equilibrar las cifras, y con los niveles actuales
de cotización, harían falta algo así como 400.000 nuevos puestos de
trabajo para equilibrar las cuentas del sistema de pensiones en Galicia
(o recortar un 40 % las prestaciones).
Y no es un caso aislado, ya que solo
cuatro de las 17 comunidades (Madrid, Baleares, Canarias y Murcia)
serían capaces de pagar a sus jubilados con lo que aportan los
trabajadores de la región.
Un círculo vicioso
Pero, volviendo a Galicia, ¿qué provoca la desertización económica del interior de la comunidad?
Además del envejecimiento de la población, el informe del SEPE añade
otros factores, como «la emigración de la mano de obra cualificada y la
dificultad para atraer talento; así como el abandono de la actividad
primaria y la falta de presencia y debilidad del sector industrial».
Además, las empresas tienen un tamaño muy reducido y hay muy pocas con
la dimensión suficiente para «generar dinámicas positivas de
crecimiento».
Estas se concentran, como muestra el gráfico,
en las ciudades y en sus áreas metropolitanas. De hecho, las menores
tasas de dependencia económica (es decir, donde hay más trabajadores
para sostener a los pensionistas y desempleados) se registran en los
municipios del cinturón de Santiago (Ames, Oroso y Teo) y A Coruña
(Cambre, Culleredo, Arteixo y Oleiros). Ente los diez primeros figuran
también Barbadás, Salceda de Caselas y Ribadumia.
De las siete
ciudades, solo Ferrol presenta una ratio negativa. Y es que frente a los
más de 15.400 pensionistas que viven en la ciudad y los 4.728 parados,
la urbe naval cuenta actualmente con solo 18.594 trabajadores en alta.
Muy diferente a la proporción que presenta la vecina Narón, donde hay
apenas 9.940 jubilados y desempleados frente a más de 13.900 ocupados.
