Nunca en la historia hubo tanta gente
trabajando en España. A pesar de que los últimos datos alertan de la
ralentización del mercado laboral, los más de 19,5 millones de afiliados a la Seguridad Social en julio suponen un nuevo récord de ocupación.
En Galicia, aunque todavía no se ha recuperado todo el empleo destruido
en la crisis, en los últimos cinco años se han creado más de 136.000
nuevos puestos de trabajo, suturando parcialmente las heridas de la
recesión.
Pero por mucho que mejore la economía, el avance sirve apenas para maquillar los efectos que el invierno demográfico provoca en la comunidad,
donde solo 119 de los 313 ayuntamientos tienen más trabajadores
afiliados a la Seguridad Social que pensionistas y parados. O, dicho de
otra manera, en seis de cada diez localidades hay menos cotizantes que
personas cuyos ingresos dependen de las aportaciones de los primeros al
erario.
A
los datos, como siempre, se les puede buscar la lectura positiva. Y es
que la situación ha mejorado en los últimos años. Basta comparar la
situación con la del 2015, cuando se empezaba a salir de la
crisis y la relación entre ocupados y jubilados y desempleados solo era
positiva en 70 municipios, medio centenar menos que ahora.
Pero, en lo sustancial, el mapa no ha cambiado mucho, como se puede
apreciar en el gráfico que acompaña esta información y que muestra que
la práctica totalidad de la provincia de Ourense (donde solo 7 de los 92
concellos presentan ratios positivas), una buena parte de la de Lugo y
el interior de las de Pontevedra y A Coruña presentan altas tasas de
dependencia económica. Tan elevadas que hasta el Servicio Público de
Empleo, en sus informes sobre el mercado de trabajo en Lugo y Ourense,
apunta a que ambos territorios tienen «un problema muy serio con la
pérdida y el grado de envejecimiento de su población».
Llega
incluso a advertir que «si la progresión sigue así, la viabilidad de
sistemas implantados en la actualidad [...] como las pensiones puede
verse afectada». Quizás una frase alarmista en exceso, ya que el pago de
las prestaciones está blindado por el sistema de caja única por el que
se rige la Seguridad Social, que garantiza la solidaridad
interterritorial y que las comunidades donde los ingresos superan los
gastos compensen los déficits de aquellas donde no se llega al
equilibrio. Entre ellas, Galicia (donde, si se sacan de la ecuación las
cifras de desempleados, tan solo quince concellos presentan una ratio
superior a los dos cotizantes por pensionista -la media en España está
en los 2,3, aunque lo óptimo se considera a partir de 3-).
A falta de los datos del cierre definitivo del ejercicio
2018, las cuentas de la Seguridad Social muestran que en la comunidad
los ingresos por cotizaciones apenas cubren dos terceras partes de la
nómina de las pensiones, que crece a un ritmo mucho mayor que las
aportaciones de los trabajadores, ya que la creación de empleo en los
últimos años no se ve acompañada de una subida generalizada, y generosa,
de los salarios. Esto limita la recaudación, que apenas llega a los
5.280 millones de euros, frente a los casi 8.300 que se van en el pago
de prestaciones. Para equilibrar las cifras, y con los niveles actuales
de cotización, harían falta algo así como 400.000 nuevos puestos de
trabajo para equilibrar las cuentas del sistema de pensiones en Galicia
(o recortar un 40 % las prestaciones).
Y no es un caso aislado, ya que solo
cuatro de las 17 comunidades (Madrid, Baleares, Canarias y Murcia)
serían capaces de pagar a sus jubilados con lo que aportan los
trabajadores de la región.
Un círculo vicioso
Pero, volviendo a Galicia, ¿qué provoca la desertización económica del interior de la comunidad?
Además del envejecimiento de la población, el informe del SEPE añade
otros factores, como «la emigración de la mano de obra cualificada y la
dificultad para atraer talento; así como el abandono de la actividad
primaria y la falta de presencia y debilidad del sector industrial».
Además, las empresas tienen un tamaño muy reducido y hay muy pocas con
la dimensión suficiente para «generar dinámicas positivas de
crecimiento».
Estas se concentran, como muestra el gráfico,
en las ciudades y en sus áreas metropolitanas. De hecho, las menores
tasas de dependencia económica (es decir, donde hay más trabajadores
para sostener a los pensionistas y desempleados) se registran en los
municipios del cinturón de Santiago (Ames, Oroso y Teo) y A Coruña
(Cambre, Culleredo, Arteixo y Oleiros). Ente los diez primeros figuran
también Barbadás, Salceda de Caselas y Ribadumia.
De las siete
ciudades, solo Ferrol presenta una ratio negativa. Y es que frente a los
más de 15.400 pensionistas que viven en la ciudad y los 4.728 parados,
la urbe naval cuenta actualmente con solo 18.594 trabajadores en alta.
Muy diferente a la proporción que presenta la vecina Narón, donde hay
apenas 9.940 jubilados y desempleados frente a más de 13.900 ocupados.
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