Nunca en la historia hubo tanta gente
trabajando en España. A pesar de que los últimos datos alertan de la
ralentización del mercado laboral, los más de 19,5 millones de afiliados a la Seguridad Social en julio suponen un nuevo récord de ocupación.
En Galicia, aunque todavía no se ha recuperado todo el empleo destruido
en la crisis, en los últimos cinco años se han creado más de 136.000
nuevos puestos de trabajo, suturando parcialmente las heridas de la
recesión.
Pero por mucho que mejore la economía, el avance sirve apenas para maquillar los efectos que el invierno demográfico provoca en la comunidad,
donde solo 119 de los 313 ayuntamientos tienen más trabajadores
afiliados a la Seguridad Social que pensionistas y parados. O, dicho de
otra manera, en seis de cada diez localidades hay menos cotizantes que
personas cuyos ingresos dependen de las aportaciones de los primeros al
erario.
A
los datos, como siempre, se les puede buscar la lectura positiva. Y es
que la situación ha mejorado en los últimos años. Basta comparar la
situación con la del 2015, cuando se empezaba a salir de la
crisis y la relación entre ocupados y jubilados y desempleados solo era
positiva en 70 municipios, medio centenar menos que ahora.
Pero, en lo sustancial, el mapa no ha cambiado mucho, como se puede
apreciar en el gráfico que acompaña esta información y que muestra que
la práctica totalidad de la provincia de Ourense (donde solo 7 de los 92
concellos presentan ratios positivas), una buena parte de la de Lugo y
el interior de las de Pontevedra y A Coruña presentan altas tasas de
dependencia económica. Tan elevadas que hasta el Servicio Público de
Empleo, en sus informes sobre el mercado de trabajo en Lugo y Ourense,
apunta a que ambos territorios tienen «un problema muy serio con la
pérdida y el grado de envejecimiento de su población».
Llega
incluso a advertir que «si la progresión sigue así, la viabilidad de
sistemas implantados en la actualidad [...] como las pensiones puede
verse afectada». Quizás una frase alarmista en exceso, ya que el pago de
las prestaciones está blindado por el sistema de caja única por el que
se rige la Seguridad Social, que garantiza la solidaridad
interterritorial y que las comunidades donde los ingresos superan los
gastos compensen los déficits de aquellas donde no se llega al
equilibrio. Entre ellas, Galicia (donde, si se sacan de la ecuación las
cifras de desempleados, tan solo quince concellos presentan una ratio
superior a los dos cotizantes por pensionista -la media en España está
en los 2,3, aunque lo óptimo se considera a partir de 3-).
A falta de los datos del cierre definitivo del ejercicio
2018, las cuentas de la Seguridad Social muestran que en la comunidad
los ingresos por cotizaciones apenas cubren dos terceras partes de la
nómina de las pensiones, que crece a un ritmo mucho mayor que las
aportaciones de los trabajadores, ya que la creación de empleo en los
últimos años no se ve acompañada de una subida generalizada, y generosa,
de los salarios. Esto limita la recaudación, que apenas llega a los
5.280 millones de euros, frente a los casi 8.300 que se van en el pago
de prestaciones. Para equilibrar las cifras, y con los niveles actuales
de cotización, harían falta algo así como 400.000 nuevos puestos de
trabajo para equilibrar las cuentas del sistema de pensiones en Galicia
(o recortar un 40 % las prestaciones).
Y no es un caso aislado, ya que solo
cuatro de las 17 comunidades (Madrid, Baleares, Canarias y Murcia)
serían capaces de pagar a sus jubilados con lo que aportan los
trabajadores de la región.
Un círculo vicioso
Pero, volviendo a Galicia, ¿qué provoca la desertización económica del interior de la comunidad?
Además del envejecimiento de la población, el informe del SEPE añade
otros factores, como «la emigración de la mano de obra cualificada y la
dificultad para atraer talento; así como el abandono de la actividad
primaria y la falta de presencia y debilidad del sector industrial».
Además, las empresas tienen un tamaño muy reducido y hay muy pocas con
la dimensión suficiente para «generar dinámicas positivas de
crecimiento».
Estas se concentran, como muestra el gráfico,
en las ciudades y en sus áreas metropolitanas. De hecho, las menores
tasas de dependencia económica (es decir, donde hay más trabajadores
para sostener a los pensionistas y desempleados) se registran en los
municipios del cinturón de Santiago (Ames, Oroso y Teo) y A Coruña
(Cambre, Culleredo, Arteixo y Oleiros). Ente los diez primeros figuran
también Barbadás, Salceda de Caselas y Ribadumia.
De las siete
ciudades, solo Ferrol presenta una ratio negativa. Y es que frente a los
más de 15.400 pensionistas que viven en la ciudad y los 4.728 parados,
la urbe naval cuenta actualmente con solo 18.594 trabajadores en alta.
Muy diferente a la proporción que presenta la vecina Narón, donde hay
apenas 9.940 jubilados y desempleados frente a más de 13.900 ocupados.
El objetivo de este foro es poner en primer plano las respuestas
solidarias, noviolentas y autogestionarias que numerosos colectivos y
personas están dando a las grandes situaciones de injusticia. Queremos
impulsar y promover las experiencias que trabajan desde abajo, porque es
el lugar donde las injusticias muestran su peor rostro y por tanto
también el lugar donde es posible responder mejor a las causas de esas
injusticias. Hacemos un llamamiento a todas las personas que quieran
avanzar en esta dirección, a sumarse a este imprescindible foro.
Nuestros principios
Queremos mirar la realidad desde abajo porque no podemos
arriesgarnos, nosotros también, a negar la palabra a los que allí
habitan.
Queremos pensar desde abajo, porque es ahí donde reside la fuente de
la justicia, de la fraternidad y de la solidaridad desnudas.
Queremos unirnos a los que trabajan desde abajo, sabiendo que es el
lugar más adecuado para explorar posibilidades de transformación
noviolenta.
Queremos construir, desde abajo, nuevas realidades, senderos
creativos, que comprometan nuestra existencia y abran caminos a nuevas
formas de vida.
Programa
Viernes 6 de septiembre
Recepción de los asistentes a partir de las 19h.
Sábado 7 de septiembre
9´30 – 10’30: Presentación performática sobre noviolencia y la Marcha Jai Jagat. Moisés Mato. Colectivo Noviolencia 10´30 – 12’00: MESA 1: Trata y explotación sexual y reproductiva
Modera: Corina Fuks. Liberata
Participan:
Amelia Tiganus. Feminicidio.net (España)
Sandra Norak. Sisters (Alemania)
Jennifer Lahl. Stop Surrogacy Now (en diferido) y Emma Contreras. Matrona experta en Vientres de Alquiler
Ingeborg Kraus. Científicos por un Mundo sin Prostitución (Alemania)
Compostela, entre as cidades europeas nas que se consome máis cocaína, segundo un estudo da UE (Publicado por Marcos Pérez Pena)
O mes pasado o Centro europeo de monitorización de drogas e adicción (EMCDDA),
dependente da Unión Europea, publicou os últimos datos do seu estudo
anual sobre o consumo de drogas en 70 cidades do continente, obtidos a
partir da análise da augas residuais nestas urbes. O informe, que se pode consultar online,
conclúe un aumento xeneralizado do consumo de cocaína en toda Europa,
cun incremento sostido dende o ano 2015. No último ano medrou tamén o
consumo de MDMA e anfetaminas, aínda que o equipo responsable do estudo
aconsella agardar a novas medicións para determinar se a tendencia se
mantén.
Compostela aparece no 15ª lugar entre as 70
urbes que compoñen o estudo, cun nivel de 352,1 miligramos por cada mil
habitantes cada día, máis do dobre do dato do ano 2016
Entre
as 70 cidades analizadas, a investigación inclúe dende o ano 2011 datos
de Santiago de Compostela, o que permite observar a evolución do
consumo de cada substancia dende entón. Segundo este estudo, entre o ano
2016 e 2018 o consumo de cocaína elevouse notablemente na cidade,
situándose nos primeiros lugares entre todas as cidades analizadas. Así,
Compostela aparece no 15ª lugar entre as 70 urbes que compoñen o
estudo, cun nivel de 352,1 miligramos por cada mil habitantes cada día,
máis do dobre do dato do ano 2016 (142,7 miligramos).
A
presenza das restantes substancias analizadas é residual en Santiago,
con niveis practicamente inexistentes de anfetamina e metaanfetamina e
só unha pequena cantidade de MDMA. O estudo analiza igualmente a
presenza das drogas detectadas nas augas residuais en cada día da
semana, concluíndo que os niveis son moito máis elevados nas fins de
semana. En calquera caso, o nivel de cocaína detectado en Compostela é moi inferior ao rexistrado noutras cidades,
como Bristol (962 mg), Amsterdam (932 mg), Zurich (856), Barcelona (733
mg), Valencia (587 mg), París (525 mg), Berna (499 mg), Copenhagen (466
mg) ou Lisboa (455 mg).
A distribución xeográfica das restantes drogas no continente é distinta.
Mentres que na cocaína se detecta máis no sur e no oeste de Europa, os
maiores rexistros de anfetaminas aparecen no centro e norte do
continente (Alemaña, Holanda, Suecia, Finlandia, Islandia...) e os de
metaanfetamina no centro e leste (Alemaña e República Checa,
principalmente). O consumo de MDMA si se distribúe de forma máis
uniforme entre todos os países, destacando as concentracións en
Amsterdam, Berlín, Zurich, Barcelona e Lisboa.
A
presenza das restantes substancias analizadas é residual en Santiago,
con niveis practicamente inexistentes de anfetamina e metaanfetamina e
só unha pequena cantidade de MDMA
O informe destaca
que un estudo do propio EMCDDA orientado a detectar tendencias sinalou o
pasado ano que "en Europa unha maior dispoñibilidade de cocaína no
mercado da droga pode reflectirse nun incremento da tendencia ao consumo
nalgúns países e posiblemente á súa expansión a Europa oriental, onde o
consumo era anteriormente escaso". E sinala que os "aínda que estes
datos indican unha clara tendencia ao incremento dos residuos durante
2015-2018, subsisten dúbidas sobre cales son os factores que levaron ao
incremento dos metabolitos de cocaína".
Nas súas conclusións o equipo responsable do estudo subliña que "aínda
que este incremento pode indicar que o número de consumidores de
cocaína aumentou, tamén pode significar que aumentou o consumo entre un
número similar de consumidores" ou tamén podería reflectir
simplemente "que é maior a pureza da cocaína consumida en Europa, o que
levaría a unha maior detección de metabolitos nas augas residuais".
En la reunión para discutir las condiciones de esclavitud, tanto de adultos como de niños, que el Frente para la Liberación del Trabajo Forzado ha detectado en los talleres que Inditex tiene en Pakistán, India y Bangladesh, los directivos de Inditex afirmaron que sólo han detectado 9 casos de esclavitud infantil en los 46 países donde poseen talleres. A su vez admitieron que es imposible garantizar que su producción está libre de esclavitud infantil.
En la era del 5G y del cincuenta aniversario de la llegada a la luna es increíble pensar que no se pueda.
La empresa ha instalado un sistema de codificación en las prendas que fabrica con las que se controla, en todo momento, dicha prenda.
Esto evidencia que la multinacional tiene capacidad suficiente para poder controlar el proceso de fabricación, conociendo, en todo momento la existencia, o no, de mano esclava infantil trabajadora.
La sociedad tenemos parte de responsabilidad en la explotación y esclavitud infantil que mantiene con su trabajo a esta multinacional.
Mientras Inditex no cambie su modo de producción deberíamos tomar cartas en el asunto y hay muchas maneras de hacerlo: denuncias, boicot, exigir que se cumplan los protocolos de la dignidad del trabajo, que se implanten chip en los que se vea la cadena de producción....todo esto y más para erradicar la esclavitud y explotación laboral.
¿Te unes?
1.700 personas exigen a la Xunta y el Ayuntamiento de Lugo que ejerzan la acusación en la Carioca
La
ley autonómica contra la violencia machista recoge que el Gobierno
gallego se persone para defender los intereses de las víctimas, en este
caso más de 200 mujeres
Mónica González, de la Plataforma contra la Impunidad de la Carioca, tras la entrega de firmas en la Xunta.P.S.
La Plataforma Ciudadana
contra la Impunidad de la Carioca ha presentado “más de 1700 firmas” en
el registro de la Xunta en Lugo reclamando que tanto el Gobierno
gallego como el Ayuntamiento de Lugo asuman la acusación particular en
la operación Carioca, investigación que lleva la juez Pilar de Lara,
sobre redes de proxenetismo y sus conexiones con las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado. Ante el archivo de varias piezas en que se
dividió esta investigación y las polémicas decisiones tomadas por la
fiscalía, que ha exculpado a algunos proxenetas y la inmensa mayoría de
los agentes investigados, desde este colectivo se argumenta que “en Lugo
más de 200 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual
siguen sin encontrar justicia". Esto, recuerda la plataforma ciudadana,
"después de sufrir una de las formas más terribles de violencia
machista” que existen.
Una
de las portavoces, Mónica González, ha estimado que cuentan con más de
1700 firmas, “pero aún a día de hoy seguimos recogiendo, por lo que
puede subir el número”. González ha precisado que su presencia en el
registro se produce en un momento “clave para lograr justicia para las
víctimas por inacción de la fiscalía, que en otras piezas (de la
Carioca) demostró que en vez de estar defendiendo a las víctimas de
trata con fines de explotación sexual está justificando actividades
ilícitas por parte de los imputados”. Varias de las piezas en las que el
ministerio público propuso dejar sin castigo a policías, guardias
civiles y algún proxeneta al frente de un burdel donde ejercían menores
de edad fueron asumidas por dos fiscalas, y sus decisiones fueron
duramente criticadas por la Rede Galega contra la Trata y partidos como
Esquerda Unida.
Además
es “un momento clave porque tanto la Xunta como el concello, como
Administraciones, tienen la responsabilidad de asegurar que se haga
justicia para las mujeres", ha insistido la activista contra la trata.
"Además, la ley gallega contra la violencia machista reconoce la trata
con fines de explotación sexual y también la capacidad de la Xunta para
personarse como acusación popular para que obtengan castigo los
proxenetas imputados”, ha reprochado Mónica González a la Administración
gallega. “Las administraciones deben de garantizar que la justicia
funcione, y por eso reclamamos una mayor implicación por parte de la
Xunta, que además tiene capacidad para personarse como tal como el
concello más que nada porque en el ayuntamiento de Lugo fue donde tuvo
lugar este caso”.
Han pasado más de diez
años desde que se abrió la Operación Carioca, por la que todavía
permanecen imputados el propietario de los locales Eros y Queen, José
Manuel García Adán, y agentes de la Guardia Civil, de la policía
nacional y de la Policía Local de Lugo.
El Poder Judicial pospone su decisión sobre Pilar de Lara
P. Seijo
El abogado de la titular del juzgado de
Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, espera que se lleve al pleno del
Consejo General del Poder Judicial de finales de este mes, o si no ya en
septiembre, el recurso presentado contra la sanción de siete meses y un
día, que implica pérdida de destino, que se le impuso por la comisión
disciplinaria del gobierno de los jueces por supuestas “dilaciones
indebidas” en las múltiples causas que lleva. Agustín Azparren ha
recordado que “de momento está pendiente el recurso de alzada contra la
decisión de la comisión disciplinaria que va al CGPJ", se esperaba que
fuese al pleno de junio, celebrado el viernes pasado, pero por alguna
causa que se desconoce, el recurso "no fue". El plenario no se volverá a
reunir hasta finales de julio, y después, ya en septiembre, con el
lapso vacacional de agosto.
De esta manera son ya tres meses para
una respuesta, después de que el abogado presentara el recurso a
mediados del mes de mayo, un plazo que se podría ver ampliado incluso
hasta un año. "Es un plazo de tres meses y, si pasan, se puede
sobreentender que se ha desestimado el recurso, pero normalmente lo
resuelve el pleno del Consejo aunque sea fuera de plazo. Incluso en
algún caso, se tardó en resolver casi un año, pero eso no es lo normal”,
ha explicado Azparren a El País. “Lo normal es que esté solventado a
los tres, cuatro o cinco meses. Si no entra en julio entrará en
septiembre”, se atreve a aventurar el letrado y exmagistrado del CGPJ.
En cuanto a su clienta, la juez Pilar de
Lara, ha constatado que está “tranquila” y que “está sacando todo lo
que puede y acabando” con todas las instrucciones que lleva, entre otras
Carioca sobre redes de prostitución o la Pokémon sobre mordidas a
políticos a cambio de concesiones públicas. Azparren ha afirmado que
precisamente la jueza esta tratando de acelerar todos los procesos para,
con ello, “evitar que se pudiera producir algún perjuicio si al final
se le confirmara la sanción, o parte de la sanción, y tuviera que dejar
el juzgado o incluso que estuviera suspendida durante unos meses". La
idea es clarificar lo más posible la situación de colapso de este
pequeño juzgado de provincias con las mayores causas sobre corrupción de
Galicia, "por lo menos para evitar el retraso considerable que
supondría la llegada de un juez nuevo que tiene que conocer desde el
principio los asuntos".
“Ella lo que va a hacer en todo el
tiempo que le queda es intentar acabar todo lo que depende de ella,
lógicamente” ha recalcado el abogado de Pilar de Lara en este
procedimiento disciplinario que debe de dirimir el pleno del CGPJ. La
sanción de siete meses implica la pérdida de destino para ella, y según
ha defendido en estos meses su abogado, gran parte de los retrasos se
deben a la falta de medios humanos y materiales en el juzgado, a la
lentitud de los trámites con otras instancias y organismos y a otros
trabajadores de la justicia de los que dependen también las diligencias
en marcha desde hace años.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de condenar a
Inditex a readmitir o indemnizar a una empleada que previamente había
denunciado a la empresa en los juzgados de lo laboral. Este trabajadora
de Zara encadenó 57 contratos temporales, 28 a través de ETT, en dos
años y cuatro meses. Un "fraude en la contratación" que la Justicia
también probó en varios otros casos sin que la empresa de Amancio Ortega
haya modificado su apuesta por la precariedad.
La
empleada ya había ganado en la magistratura de Trabajo. Ahora la
Justicia le vuelve dar la razón, aunque no admite la violación de
derechos fundamentales por discriminación que alegaba. El grupo de
Amancio Ortega tendrá, eso si, que pagarle 3.424 euros de indemnización o
readmitirla, según la sentencia que detalla Economía Digital.
De acuerdo a la versión sindical, si las operarias iban un paso más allá denunciando los hechos ante la Justicia,
la compañía simplemente admitía el despido improcedente, pagaba la
indemnización -unos pocos miles de euros, en la mayoría de los casos-
pero no readmitía a la denunciante. Tan solo la substituía por otra joven, que empezaba, como todas, encandenando contratos a través de ETT.
"Inditex también firma acuerdos internacionales
de cumplimiento de normativa laboral en los distintos países. Queda
claro que es todo fachada, a su buque insignia, ZARA, le da igual todo
esto", concluyó en su día UGT.
POLÍTICA DE SILENCIO
La
compañía téxtil nunca ha respondido a las críticas de los sindicatos y
tampoco comenta las sentencias laborales cuando los medios le piden su
opinión, como hizo en reiteradas ocasiones Galiciapress.
Galici@press (10 de junio 2019)
Nos alegra difundir esta noticia de la desarticulación de una red de trata de mujeres en Santiago.
La policía teme que el expresidente de Xóvenes Agricultores, uno de los cabecillas de la trama, huya si sale de prisiónLa red de trata de blancas desarticulada creó una red de pisos por todo SantiagoPOLICÍA NACIONAL
SANTIAGO / LA VOZ
La red de trata de mujeres desarticulada en Santiago
operaba como una empresa y fue creando sucursales de pisos de
prostitución en la ciudad a medida que la organización contaba con mayor
estructura y financiación. La investigación llevada a cabo por
la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional
compostelana sitúa a una de las cabecillas del grupo, una paraguaya de
nombre Marcia que está actualmente en prisión preventiva, como
la creadora del primer inmueble en el que se comenzó a prostituir a
mujeres provenientes de Paraguay.
Muchas de ellas venían a España engañadas,
tras ser captadas en el país hispanoamericano, y una vez en Santiago se
les reclamaba una deuda por los gastos de viaje y estancia de unos
10.000 euros que tenían que devolver con sus servicios, de modo que en
ocasiones llegaban a recibir solo un euro de cada contacto con los
clientes.
Tras el éxito del primer piso, la red fue creando otros más en Santiago. Llegó
a haber hasta cinco, aunque en el momento en el que el grupo fue
detenido por la Policía Nacional solo estaban operativos cuatro.
El modus operandi era siempre el mismo: una de las prostitutas que no
había sido engañada -también las había-, abría un nuevo local y aportaba un porcentaje de las ganancias a la organización que normalmente era del 50 %.
El
otro miembro de la organización que está actualmente en prisión es una
persona muy conocida en Galicia porque fue el presidente del sindicato
Xóvenes Agricultores. La policía considera a Juan Pérez Miramontes como un consejero de la organización con un papel determinante dentro de ella, aunque inicialmente habría actuado solo dándoles cierto apoyo y ayuda.
Grupo criminal y narcotráfico
Tras
su detención, el juez de Santiago que instruye la causa, Andrés Lago
Louro, le envió a prisión provisional y allá sigue tras confirmar esta
medida la sección compostelana de la Audiencia Provincial. La policía considera que existe un alto riesgo de fuga si obtuviese la libertad, porque cuenta con numerosos contactos
en España que podrían financiar su huida y también colaboradores en el
extranjero, fundamentalmente en Sudamérica, que podrían ayudarle e
incluso acogerle. A Miramontes se le imputan tres delitos: pertenencia a
grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y
tráfico de drogas. En total, la operación policial se ha saldado con once detenciones, ocho de ellas en España
y las otras tres en Paraguay, país cuyas autoridades judiciales y
policiales han colaborado en una investigación que ha conseguido
numerosas e incriminatorias pruebas tras meses de escuchas telefónicas y
seguimientos a los implicados. En Santiago, además, se
registraron seis pisos, entre los dedicados a la prostitución y los que
eran la residencia habitual de algunos de los arrestados. En
ellos se intervinieron 1.795 euros, abundante material informático,
teléfonos móviles, dos coches y documentación en la que hay incluso esclarecedoras anotaciones de las deudas contraídas por las víctimas.
Fue una de las mujeres engañadas y explotadas por la red la que denunció los hechos
y puso en marcha una investigación que también ha logrado destapar que
una de las prostitutas llegó a España embarazada y ejerció durante toda
la gestación y que después la organización se habría encargado de dar en
adopción al bebé de manera ilegal.
