Roberto Blanco Valdés enumeró «multitud de
causas» para que la Constitución, en su trigésimo quinto aniversario,
«sea vista por la gente como algo que hay que reformar»: el paso del
tiempo, la corrupción, los movimientos secesionistas, el descrédito de
instituciones clave, el cambio de postura sobre la monarquía en ciertos
partidos, la crisis económica… Sin embargo, advirtió: «Es cierto que el
país tiene una cantidad enorme de problemas, pero casi ninguno de ellos
se resolvería cambiando la Constitución. [...] De hecho, solamente uno
haría altamente recomendable una reforma: el territorial». Pero, para
esa tarea, no se da el consenso exigible.
Porque -sostuvo- sí se podría abordar la
modificación de la ley de leyes a fin de mejorar la descentralización
del Estado, estabilizar el sistema de reparto competencial y engrasar
los mecanismos de solidaridad entre las comunidades, entre otras
cuestiones, pero eso no satisfaría las ansias asimétricas de vascos y
catalanes. Y las pretensiones de estos últimos no son las del resto. De
modo que mejor no menearlo.
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