Hasta la semana pasada, Manuel, de 19 años, no conocía más país que España, a donde llegó con cinco desde Paraguay en brazos de su madre y en donde ha vivido el resto de su corta vida con ella, con su abuelo y con su hermano pequeño, nacido aquí. El 22 de noviembre las autoridades españolas ejecutaron su deportación exprés: transcurrido un año desde su mayoría de edad, no había conseguido un contrato de trabajo de un año de duración. “Lo enviaron como un delincuente a Paraguay, un país que no conoce”, protesta desconsolada Victoria, su madre, que cuenta por primera vez su historia. Entre los 13 y los 18 años, Manuel estuvo bajo la custodia de la Xunta de Galiciaante la imposibilidad de su madre, entonces muy enferma, de atenderlo. La Administración autonómica sostiene que no tramitó la nacionalidad a la que el joven tenía derecho “porque no teníamos su tutela sino su custodia, que es otra figura jurídica”. El Gobierno insiste en que la deportación se ha realizado "con todas las garantías legales", pero el caso ha desatado una fuerte polémica por tratarse de un chico que llevaba desde los cinco años en España, donde vive también su familia. Varios colectivos apelan al arraigo social del joven en España.
“El Estado español me lo dio todo y después me lo quitó; ha destruido mi hogar”. Victoria llora de impotencia. “El día que se hundió mi vida fue cuando caí enferma porque hasta entonces yo fui feliz aquí”, sostiene mientras hace recuento de cómo su hijo, un chaval de 19 años que no ha finalizado la ESO, ha sido expulsado “por un trámite imposible de cumplir para la mayoría: un contrato de trabajo de al menos un año de duración”. La ley contempla la autorización de residencia por arraigo social para los extranjeros que hayan permanecido en España un mínimo de tres años y tengan un contrato laboral de al menos uno de duración.
El 22 de noviembre pasado Victoria asistió al derrumbe de su familia. Asegura que pidió una ambulancia porque su hijo “se encontraba mal”. Según su relato, la ambulancia llegó al domicilio familiar pero “acompañada de la policía” que le pidió el pasaporte al chico, que ya tenía la carta de expulsión. Fueron los agentes, y no los sanitarios, quienes se lo llevaron.
OFERTA DE EMPLEO PARA EL EXPULSADO
“En cuanto leí la noticia me sentí completamente identificado”. José Luis Zagazeta, administrador de una distribuidora digital de música ubicada en Cataluña, no tardó ni unas horas en ofrecer un empleo al joven deportado “para que pueda retornar y legalizar su situación”.
Zagazeta sostiene que se reconoció de inmediato en esta historia de dificultades en el mismo país en el que él fue también perseguido por no tener trabajo y en el que ahora genera empleo
El empresario, de origen peruano, no ha olvidado los años en los que estuvo en situación irregular en España, a donde vino a cursar sus estudios. Él consiguió la ciudadanía y ahora está dispuesto a ayudar. Se ha puesto en contacto con el Foro Galego da Inmigración que considera que su oferta de empleo será, junto con la “evidencia del arraigo social del joven”, determinante en el recurso contra la deportación.
Paralelamente a la oferta del empresario catalán, el grupo de En Marea, que lidera la oposición en el Parlamento de Galicia, ha presentado iniciativas reclamado a la Xunta que interceda ante el Gobierno central para “poner fin a las campañas de deportación” y “abolir la legislación de extranjería” que, denuncia, “tiene claras señas racistas y atenta contra los derechos humanos”. “El arraigo social de un chico de 19 años que ha vivido 14 en territorio gallego, en donde se encuentran su madre y su hermano, debería haber sido suficiente para evitar su deportación”, protesta En Marea, que hace hincapié en que “su residencia legal es un derecho que podría haberse resuelto con un simple informe social”.
Unidos Podemos-EnComú Podem-En Marea ha presentado además una queja ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, planteando sus dudas sobre la legalidad de la expulsión. Cuestiona que el chico haya estado en las dependencias policiales cuatro días "cuando la ley establece un máximo de 72 horas" así como la "ausencia de un abogado que le informase de sus derechos".
Manuel no pisó ningún centro sanitario sino el calabozo. Victoria asegura que no le dejaron verlo hasta el día siguiente. “Pedí tiempo para intentar arreglar la situación pero ya no hubo vuelta atrás”. Lo subieron a un avión en dirección a Paraguay, “un país que no conoce” aunque haya nacido en él y en el que carece de arraigo social porque su familiar directo allí, su padre, “se desentendió siempre de él”, sostiene.
Las cosas comenzaron a torcerse para ella cuando enfermó y, pese a que había tenido trabajo en España, “donde siempre he cotizado”, se vio obligada a poner al niño, cuando tenía 13 años, bajo la custodia de la Xunta de Galicia. Le diagnosticaron un cáncer. “Caí enferma y tuve que dejar el trabajo; no podía cuidar ni de mí misma, necesitaba ayuda y estaba constantemente hospitalizada”, recuerda.
La Xunta asumió entonces la guarda del menor. Y cuando cumplió la mayoría de edad lo dejó a su albedrío. “Me apoyaron pero para quitarme finalmente a mi hijo que, sí, tiene 19 años, pero vivía en mi casa, su hogar, de mis ingresos”.
La Consellería de Política Social sostiene que no era competencia suya tramitarle la nacionalidad. “Este joven nunca estuvo bajo la tutela de la Xunta, sino en guarda rogada, que son figuras jurídicas diferentes”. Y dado que la tutela siempre la tuvo su madre, “toda cuestión legal la tenía que realizar ella” ha señalado a EL PAÍS un portavoz del departamento autonómico. La conselleria puntualiza que, “no obstante, se colaboró con la progenitora para regularizar la situación del menor en el país (asignación del NIE y permiso de residencia, así como recopilación de la documentación para tramitar el pasaporte)”. Quedó en nada.
Manuel dispone ahora de un plazo de tres meses para presentar recurso contra la deportación. Considerando que debe gestionarla él, en calidad de mayor de edad, el Foro Galego da Inmigración, la ONG que asesora a los inmigrantes en Galicia, ha contactado con una organización pro derechos humanos de Paraguay para que informe al joven de los trámites que debe dar.
Victoria no quiere ni pensar en que su hijo pueda pasar más de un par de meses en Paraguay. “Lo han expulsado al extranjero, porque para él aquello es el extranjero”, sentencia la madre tras explicar que se crió en Galicia “en un hogar” (con ella, con el abuelo, “que murió en sus brazos”, y con su hermano) y nunca regresó a Paraguay, en donde “no tiene arraigo”.
Desconcierto
La excuñada de Victoria se ha hecho cargo de momento de Manuel. “Con ella está bien, pese a que esto ha sido un golpe muy duro”, relata la madre, en contacto telefónico constante con su hijo que, sostiene, “está muy desconcertado”, asumiendo no solo la detención y deportación “sino todo lo que se ha dicho de él” después.
“Ha visto cosas horribles que se han publicado aquí sobre él estos días y se siente humillado, avergonzado; no es más que un adolescente”, justifica el malestar de su hijo. Victoria reclama el anonimato para ambos, por lo que se han utilizado nombres ficticios para ellos en este reportaje.
Victoria insiste en que Manuel “no tiene ninguna causa judicial pendiente”. Una aseveración a la que da crédito el portavoz de la ONG, Miguel Fernández. “Si tuviese algo pendiente no podrían expulsarlo de España, tendría que responder aquí de ello”, repite Fernández este razonamiento que contradice las declaraciones realizadas la semana pasada por el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva.
El Gobierno justificó la deportación a través de Villanueva apelando a que el joven “carecía de permiso de residencia y de contrato de trabajo”. Pero aunque afirmó que se le expulsaba por esa razón, el representante del Gobierno apuntó que existen “antecedentes que afectan a datos personales de esta persona” relacionados con “causas judiciales” y “temas policiales” ocurridos cuando ya había cumplido los 18 años. Acto seguido, garantizó que el expediente de expulsión se ejecutó “con todas las garantías legales”.
La Delegación del Gobierno en Galicia no ha querido precisar a EL PAÍS si el joven estaba siendo investigado judicialmente. “No vamos a dar datos de su esfera privada”, sostiene un portavoz oficial. La institución se remite a las mencionadas declaraciones de Villanueva precisando que se ha aplicado la legislación vigente “hasta el punto de que el embajador de Paraguay, que casualmente estaba esos días de visita en Galicia, fue informado de lo que ocurría y no hizo ninguna reclamación”.
Para la madre de Manuel esta expulsión no es sino “una más de las miles que acaban destrozando los hogares” de las familias migrantes. “Lo de mi hijo ya está, es durísimo y vamos a intentar arreglarlo, pero me gustaría ayudar a que esto no le ocurriese a nadie más y creo que debemos contarlo, no callarnos más”, señala.
Fte: El País.
