lunes, 15 de julio de 2013

Niños robados en Galicia: en el Juzgado.



El caso de los bebés robados incluye más de una docena de historias de la última década. Algunas tan dramáticas como la de una mujer que en 2006, 30 días después de entregar a su criatura, se arrojó desesperada desde un octavo piso y quedó tetrapléjica, con invalidez en el 99% de su cuerpo. También el de una chica que en 2003 firmó el consentimiento de adopción de un recién nacido amenazada por un mafioso de nacionalidad rusa. El hombre le había asegurado que, si desobedecía, mataría a su otra hija, según su denuncia. El extenso expediente de Elena es el de una madre que habla de la desaparición de dos bebés. Asegura que la Administración le arrebató el primero, que volvió a quedarse embarazada para mitigar la pérdida y que le quitaron al segundo, que solo vio en el parto. Cuenta Elena que le dijeron que el escollo más grande para criarlos era la casa en la que vivía. Pequeña, pobre, con cocina de leña. Hizo el esfuerzo, con su marido, de mudarse a un piso grande, “con calefacción y cocina moderna”, y ha pagado las mejoras limpiando casas ajenas. Hoy sus niños tienen seis y siete años y no sabe dónde viven.

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Nabila, que prácticamente acababa de llegar a España para trabajar como empleada de hogar cuando quedó embarazada, asegura que cuando parió no conocía el idioma y que en el hospital firmó los papeles que autorizaban el acogimiento preadoptivo porque creía que era su alta hospitalaria.
 
La Operación Bebé se puso en marcha a raíz de la denuncia que presentaron cuatro abogadas por supuestas irregularidades detectadas en la tramitación por parte del Gobierno gallego de expedientes de desamparo de pequeños y, sobre todo, recién nacidos. Ahora, según explica Elías Fernández Jorge, uno de los padres que lucha por recuperar a su niño “secuestrado por la Xunta” —al que vio por última vez a través de una ventana hace más de tres años—, en el juzgado se acumulan historias de “casi 20 familias”. Otras fuentes hablan de algo más de una docena. El último caso, por la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, es de mayo de 2011.

Fte: www.elpais.es

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