Enchufes, dedos y corrupción

Un ambiguo decreto aprobado por Alberto Núñez Feijóo en junio de 2012 que regula el traspaso del personal de los chiringuitos eliminados abre la posibilidad de enchufar en la Xunta a directivos contratados a dedo. Ese texto no aclara si esos directivos también pueden beneficiarse del trasvase masivo de trabajadores de entes suprimidos a la Administración autonómica sin haber superado oferta de empleo público alguna. Un nuevo decreto confirma ese coladero, según denuncia el Movemento pola Igualdade no Emprego Público (MIEP).
Además de la posibilidad de integrarse en la Xunta, los directivos podrán beneficiarse de un complemento salarial para personal que cobra sueldos superiores a los de la categoría en la que serán recolocados. Así, los posibles beneficiados percibirían durante seis años un sobresueldo por realizar el mismo trabajo que empleados de su misma categoría que accedieron al puesto en la Administración autonómica a través de una oposición. Según un borrador de decreto que todavía no ha sido aprobado, el Gobierno gallego prepara la integración o subrogación en la Consellería de Industria de 114 personas; esto es todo el personal contratado en la Fundación para la Calidad Industrial y el Desarrollo Tecnológico, del Laboratorio Oficial de Metrología y del Laboratorio Oficial de Contrastación de Metales Preciosos. Si el proceso llega a consolidarse, estos empleados quedarán integrados como personal laboral de la Xunta.

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Esta integración de trabajadores no se ajusta a derecho. El decreto de junio de 2012 que regula “el régimen aplicable al personal de las entidades integrantes del sector público autonómico que sean objeto de creación, adaptación o extinción” cuenta con un informe negativo del Consello Consultivo de Galicia. Según este órgano, el decreto viola la legislación vigente porque la selección del personal de los chiringuitos “se realizó con una inobservancia total de los principios de igualdad mérito y capacidad constitucionalmente establecidos”, recordando que estos trabajadores se acogían al derecho privado.
El dictamen del Consello Consultivo también desvela que “infringe el Estatuto de los Trabajadores” por saltarse consultas a los comités de empleados.

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