Nuestro pesar y condolencias a las víctimas del accidente de tren

El SAIn Galicia quiere unirse el dolor que ha causado el accidente de tren ocurrido esta tarde noche.
Nuestro ánimo a las familias.

Niños robados en Galicia: en el Juzgado.

El caso de los bebés robados incluye más de una docena de historias de la última década. Algunas tan dramáticas como la de una mujer que en 2006, 30 días después de entregar a su criatura, se arrojó desesperada desde un octavo piso y quedó tetrapléjica, con invalidez en el 99% de su cuerpo. También el de una chica que en 2003 firmó el consentimiento de adopción de un recién nacido amenazada por un mafioso de nacionalidad rusa. El hombre le había asegurado que, si desobedecía, mataría a su otra hija, según su denuncia. El extenso expediente de Elena es el de una madre que habla de la desaparición de dos bebés. Asegura que la Administración le arrebató el primero, que volvió a quedarse embarazada para mitigar la pérdida y que le quitaron al segundo, que solo vio en el parto. Cuenta Elena que le dijeron que el escollo más grande para criarlos era la casa en la que vivía. Pequeña, pobre, con cocina de leña. Hizo el esfuerzo, con su marido, de mudarse a un piso grande, “con calefacción y cocina moderna”, y ha pagado las mejoras limpiando casas ajenas. Hoy sus niños tienen seis y siete años y no sabe dónde viven.

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Nabila, que prácticamente acababa de llegar a España para trabajar como empleada de hogar cuando quedó embarazada, asegura que cuando parió no conocía el idioma y que en el hospital firmó los papeles que autorizaban el acogimiento preadoptivo porque creía que era su alta hospitalaria.
 
La Operación Bebé se puso en marcha a raíz de la denuncia que presentaron cuatro abogadas por supuestas irregularidades detectadas en la tramitación por parte del Gobierno gallego de expedientes de desamparo de pequeños y, sobre todo, recién nacidos. Ahora, según explica Elías Fernández Jorge, uno de los padres que lucha por recuperar a su niño “secuestrado por la Xunta” —al que vio por última vez a través de una ventana hace más de tres años—, en el juzgado se acumulan historias de “casi 20 familias”. Otras fuentes hablan de algo más de una docena. El último caso, por la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, es de mayo de 2011.

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La Xunta está contigo...

Si el año pasado la Consellería de Economía, con Javier Guerra aún al frente, gastó un millón de euros en una campaña de publicidad para “sumar a los gallegos al nuevo modelo que está impulsando”, este año, con Francisco Conde como titular, destinará 520.000 euros a “transmitirles que la Xunta está junto a ellos para apoyarlos” y que sus políticas “crean el marco propicio” para el emprendimiento.
La Xunta asegura que todas sus campañas de publicidad se limitan a transmitir mensajes institucionales, pero entre ellas suelen aparecer algunas, como las de Economía, que apuestan por la propaganda política. Es el caso de la que está ahora en licitación, en cuyos pliegos de contratación se indica que “la idea principal que se quiere transmitir es el papel decisivo que juega la actividad emprendedora como llave del crecimiento de la economía gallega”. Pero para que los gallegos sean conscientes de ello, Economía quiere “transmitirles que la Xunta de Galicia está junto a ellos para apoyarlos, para crear el marco propicio para que las buenas ideas se puedan convertir en una realidad”.

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Xa podes encargar a túa axenda 2013-2014!!!!! aí vai un adianto....

LO QUE MUEVE AL MUNDO NO SON LOS POTENTES BRAZOS DE LOS HÉROES, SINO LA SUMA DE LOS PEQUEÑOS EMPUJONES DE CADA TRABAJADOR HONRADO.

Hellen Keller.

 

Don Baldomero = Amancio Ortega

Los problemas del fundador de Zara con Hacienda tienen su origen en la salida a Bolsa de Inditex. Los aproximadamente 1.300 millones que Ortega logró con la venta de una parte de sus acciones fueron reinvertidos en dos sociedades de inversión mobiliaria de capital variable (Simcav) llamadas Alazán de Inversiones 2001 y Keblar de Inversiones.
Las Simcav o Sicav son sociedades que ya gozan de una fiscalidad privilegiada, pues solo pagan el 1% del impuesto de sociedades sobre sus beneficios, al igual que los fondos de inversión y otras instituciones de inversión colectiva. Pero lo que Hacienda cuestionó no fue la fiscalidad de los resultados de esas Simcav, sino si debían tributar en el impuesto de patrimonio.
Los asesores fiscales de Amancio Ortega diseñaron una estructura en función de la cual las Simcav se poseían a través de otras sociedades familiares: primero, Ponte Gadea y, después, Licidia e Inversiones Menlle, firmas dedicadas sobre todo al negocio inmobiliario. La normativa del impuesto de patrimonio dejaba exentas de tributación las participaciones en empresas familiares para no penalizar la actividad económica. Así, Ortega y sus asesores consideraban que sus inversiones en Alazán y en Keblar no debía tributar en patrimonio porque las que tenían los títulos de las Simcav eran Ponte Gadea, Licidia e Inversiones Menlle, y la participación de Ortega en esas sociedades estaba exenta de tributar en patrimonio.

El tribunal descarta que haya fraude o simulación en las declaraciones

Pero la inspección de Hacienda y luego el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia consideraron que se trataba de “una situación de abuso de la norma en la que a través de una serie de negocios jurídicos reales y válidos se configura un artificioso entramado patrimonial con la finalidad de beneficiarse de una exención que por definición no resulta aplicable” y recordaron “el hecho de que las participaciones en instituciones de inversión colectiva han quedado siempre fuera de la exención por exclusión expresa de la norma”.
Amancio Ortega recurrió esa decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) falló contra él en una sentencia dictada el 3 de marzo de 2011 que pasó inadvertida. En ella se señalaba que la cuantía del recurso frente a la Hacienda gallega y el Estado era de 32.789.394,83 euros.
Amancio Ortega recurrió al Tribunal Supremo, que ha desestimado su recurso en una sentencia dictada el 21 de mayo recién publicada. En la sentencia no figura si los impuestos en disputa fueron ya pagados o fueron avalados para presentar el recurso. El TSJG no le condenó en costas por no haber “temeridad” ni “mala fe”, pero el Supremo fija unas costas limitadas de 6.000 euros. En la base de datos de Jurisprudencia del Poder Judicial, las personas físicas aparecen con nombres falsos: Amancio Ortega es en esta sentencia como don Baldomero.

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Enchufes, dedos y corrupción

Un ambiguo decreto aprobado por Alberto Núñez Feijóo en junio de 2012 que regula el traspaso del personal de los chiringuitos eliminados abre la posibilidad de enchufar en la Xunta a directivos contratados a dedo. Ese texto no aclara si esos directivos también pueden beneficiarse del trasvase masivo de trabajadores de entes suprimidos a la Administración autonómica sin haber superado oferta de empleo público alguna. Un nuevo decreto confirma ese coladero, según denuncia el Movemento pola Igualdade no Emprego Público (MIEP).
Además de la posibilidad de integrarse en la Xunta, los directivos podrán beneficiarse de un complemento salarial para personal que cobra sueldos superiores a los de la categoría en la que serán recolocados. Así, los posibles beneficiados percibirían durante seis años un sobresueldo por realizar el mismo trabajo que empleados de su misma categoría que accedieron al puesto en la Administración autonómica a través de una oposición. Según un borrador de decreto que todavía no ha sido aprobado, el Gobierno gallego prepara la integración o subrogación en la Consellería de Industria de 114 personas; esto es todo el personal contratado en la Fundación para la Calidad Industrial y el Desarrollo Tecnológico, del Laboratorio Oficial de Metrología y del Laboratorio Oficial de Contrastación de Metales Preciosos. Si el proceso llega a consolidarse, estos empleados quedarán integrados como personal laboral de la Xunta.

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Esta integración de trabajadores no se ajusta a derecho. El decreto de junio de 2012 que regula “el régimen aplicable al personal de las entidades integrantes del sector público autonómico que sean objeto de creación, adaptación o extinción” cuenta con un informe negativo del Consello Consultivo de Galicia. Según este órgano, el decreto viola la legislación vigente porque la selección del personal de los chiringuitos “se realizó con una inobservancia total de los principios de igualdad mérito y capacidad constitucionalmente establecidos”, recordando que estos trabajadores se acogían al derecho privado.
El dictamen del Consello Consultivo también desvela que “infringe el Estatuto de los Trabajadores” por saltarse consultas a los comités de empleados.

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