jueves, 3 de octubre de 2013

"Entre que busco un trabajo, una casa más barata y voy a reuniones no tengo tiempo a empacar", zanja Sanlés.



Elisabeth Sanlés, en primer término, en su vivienda de O Castrillón, junto a miembros de la plataforma Stop Desahucios. / 13fotos
Elisabeth Sanlés, en primer término, en su vivienda de O Castrillón, junto a miembros de la plataforma Stop Desahucios. / 13fotos
"¿Cómo no voy a tener esperanza? Tengo tres niños pequeños y no puedo rendirme. No puedo perderlos", en solo tres frases Elisabeth Sanlés resume la situación por la que está pasando y a la que era casi ajena hasta que sonó el teléfono este martes por la noche. Era su abogada, que llamaba para decirle que el día 8 de octubre, a las 10.30 horas, estaba señalado el lanzamiento, por impago de alquiler, de la que ha sido su casa y la de sus hijos durante los últimos tres años y que poco más se podía hacer.
Desde entonces, Sanlés y la plataforma Stop Desahucios han intentado paralizar la ejecución de la sentencia, ayer por la mañana entregando en el juzgado una solicitud para que se ponga en marcha el protocolo firmado por el Consejo General del Poder Judicial, la federación de municipios y la Xunta y, por la tarde, apoyando a la afectada que mantuvo una reunión con el personal de Servicios Sociales del Concello.
"Le dijeron que el martes, cuando estuviese en la calle, que se pusiese tranquila, que tenían una plaza para ella en el refugio de Padre Rubinos", explican desde la plataforma Stop Desahucios, y se quejan de que el director del área municipal de Servicios Sociales, José Luis Quintela, les aseguró que se encargaría personalmente del caso. Le queda todavía una reunión hoy con la afectada para ver si la concejalía le ofrece otra solución.
Sanlés lleva viviendo tres años en un piso de O Castrillón, con sus pequeños, de tres, cuatro y once años. Hasta agosto del año pasado tenía un trabajo de media jornada que le permitía pagar los 400 euros del alquiler pero se quedó sin empleo, así que solo pudo abonar dos mensualidades y media más, desde entonces, percibe una ayuda de 216 euros mensuales y es todo lo que tiene para vivir, así que ha dejado de hacer frente a los recibos de la vivienda y su casero la ha demandado por impago. Hubo un juicio y la sentencia fue favorable al propietario.
Elisabeth asegura que Servicios Sociales tiene información de ella y su familia desde hace once años y que, con cada nueva incidencia, actualizaba su informe. "Cuando les dije que me había quedado sin trabajo me dijeron que me buscase un piso más barato. Esa fue su solución", sentencia Sanlés, que ya ha empezado a recoger sus pertenencias y las de sus pequeños, a los que, si acepta la plaza en el refugio, le han dicho que no volverá a ver.
"Por ahora están conmigo, pero si no tengo casa me los quitan", explicaba ayer Sanlés, después de la reunión con Servicios Sociales, de la que esperaba algo más, algo a lo que poder atenerse para no tener que seguir haciendo cajas o para que le dijesen que había un lugar al que podría trasladarlas, pero llevándose a sus hijos con ella.
Todavía no ha terminado de recogerlo todo. "Entre que busco un trabajo, una casa más barata y voy a reuniones no tengo tiempo a empacar", zanja Sanlés, que asegura que ya comunicó a Servicios Sociales en julio el fallo judicial. El tiempo corre en su contra y, el 8 de octubre, el próximo martes, si nada lo remedia, los funcionarios estarán en su puerta para notificarle su desahucio.

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