1.700 personas exigen a la Xunta y el Ayuntamiento de Lugo que ejerzan la acusación en la Carioca
La ley autonómica contra la violencia machista recoge que el Gobierno gallego se persone para defender los intereses de las víctimas, en este caso más de 200 mujeres
Lugo
La Plataforma Ciudadana
contra la Impunidad de la Carioca ha presentado “más de 1700 firmas” en
el registro de la Xunta en Lugo reclamando que tanto el Gobierno
gallego como el Ayuntamiento de Lugo asuman la acusación particular en
la operación Carioca, investigación que lleva la juez Pilar de Lara,
sobre redes de proxenetismo y sus conexiones con las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado. Ante el archivo de varias piezas en que se
dividió esta investigación y las polémicas decisiones tomadas por la
fiscalía, que ha exculpado a algunos proxenetas y la inmensa mayoría de
los agentes investigados, desde este colectivo se argumenta que “en Lugo
más de 200 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual
siguen sin encontrar justicia". Esto, recuerda la plataforma ciudadana,
"después de sufrir una de las formas más terribles de violencia
machista” que existen.
Una
de las portavoces, Mónica González, ha estimado que cuentan con más de
1700 firmas, “pero aún a día de hoy seguimos recogiendo, por lo que
puede subir el número”. González ha precisado que su presencia en el
registro se produce en un momento “clave para lograr justicia para las
víctimas por inacción de la fiscalía, que en otras piezas (de la
Carioca) demostró que en vez de estar defendiendo a las víctimas de
trata con fines de explotación sexual está justificando actividades
ilícitas por parte de los imputados”. Varias de las piezas en las que el
ministerio público propuso dejar sin castigo a policías, guardias
civiles y algún proxeneta al frente de un burdel donde ejercían menores
de edad fueron asumidas por dos fiscalas, y sus decisiones fueron
duramente criticadas por la Rede Galega contra la Trata y partidos como
Esquerda Unida.
Además
es “un momento clave porque tanto la Xunta como el concello, como
Administraciones, tienen la responsabilidad de asegurar que se haga
justicia para las mujeres", ha insistido la activista contra la trata.
"Además, la ley gallega contra la violencia machista reconoce la trata
con fines de explotación sexual y también la capacidad de la Xunta para
personarse como acusación popular para que obtengan castigo los
proxenetas imputados”, ha reprochado Mónica González a la Administración
gallega. “Las administraciones deben de garantizar que la justicia
funcione, y por eso reclamamos una mayor implicación por parte de la
Xunta, que además tiene capacidad para personarse como tal como el
concello más que nada porque en el ayuntamiento de Lugo fue donde tuvo
lugar este caso”.
Han pasado más de diez
años desde que se abrió la Operación Carioca, por la que todavía
permanecen imputados el propietario de los locales Eros y Queen, José
Manuel García Adán, y agentes de la Guardia Civil, de la policía
nacional y de la Policía Local de Lugo.
El Poder Judicial pospone su decisión sobre Pilar de Lara
P. Seijo
El abogado de la titular del juzgado de
Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, espera que se lleve al pleno del
Consejo General del Poder Judicial de finales de este mes, o si no ya en
septiembre, el recurso presentado contra la sanción de siete meses y un
día, que implica pérdida de destino, que se le impuso por la comisión
disciplinaria del gobierno de los jueces por supuestas “dilaciones
indebidas” en las múltiples causas que lleva. Agustín Azparren ha
recordado que “de momento está pendiente el recurso de alzada contra la
decisión de la comisión disciplinaria que va al CGPJ", se esperaba que
fuese al pleno de junio, celebrado el viernes pasado, pero por alguna
causa que se desconoce, el recurso "no fue". El plenario no se volverá a
reunir hasta finales de julio, y después, ya en septiembre, con el
lapso vacacional de agosto.
De esta manera son ya tres meses para
una respuesta, después de que el abogado presentara el recurso a
mediados del mes de mayo, un plazo que se podría ver ampliado incluso
hasta un año. "Es un plazo de tres meses y, si pasan, se puede
sobreentender que se ha desestimado el recurso, pero normalmente lo
resuelve el pleno del Consejo aunque sea fuera de plazo. Incluso en
algún caso, se tardó en resolver casi un año, pero eso no es lo normal”,
ha explicado Azparren a El País. “Lo normal es que esté solventado a
los tres, cuatro o cinco meses. Si no entra en julio entrará en
septiembre”, se atreve a aventurar el letrado y exmagistrado del CGPJ.
En cuanto a su clienta, la juez Pilar de
Lara, ha constatado que está “tranquila” y que “está sacando todo lo
que puede y acabando” con todas las instrucciones que lleva, entre otras
Carioca sobre redes de prostitución o la Pokémon sobre mordidas a
políticos a cambio de concesiones públicas. Azparren ha afirmado que
precisamente la jueza esta tratando de acelerar todos los procesos para,
con ello, “evitar que se pudiera producir algún perjuicio si al final
se le confirmara la sanción, o parte de la sanción, y tuviera que dejar
el juzgado o incluso que estuviera suspendida durante unos meses". La
idea es clarificar lo más posible la situación de colapso de este
pequeño juzgado de provincias con las mayores causas sobre corrupción de
Galicia, "por lo menos para evitar el retraso considerable que
supondría la llegada de un juez nuevo que tiene que conocer desde el
principio los asuntos".
“Ella lo que va a hacer en todo el
tiempo que le queda es intentar acabar todo lo que depende de ella,
lógicamente” ha recalcado el abogado de Pilar de Lara en este
procedimiento disciplinario que debe de dirimir el pleno del CGPJ. La
sanción de siete meses implica la pérdida de destino para ella, y según
ha defendido en estos meses su abogado, gran parte de los retrasos se
deben a la falta de medios humanos y materiales en el juzgado, a la
lentitud de los trámites con otras instancias y organismos y a otros
trabajadores de la justicia de los que dependen también las diligencias
en marcha desde hace años.
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